Tras denunciar a Alberto Fernández y a funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el fiscal Guillermo Marijuan dio detalles de la causa en la que investiga cómo se incrementaron de 70.000 a casi 1.300.000 las pensiones por invalidez en la Argentina, desde 2003 a la fecha, con especial énfasis en la administración anterior. Es que, según el funcionario judicial, hay una serie de provincias que concentran 50% de estas prestaciones directas que hace el Estado y en esos cuatro años de gestión de Unión por la Patria (UP) se habrían hecho desaparecer requisitos médicos y autorizado a recibirlas solo por estar en “situación de vulnerabilidad económica”.

Luego de advertir que hubo “fraude” en la asignación de estos beneficios, en su rol de titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social, Marijuan explicó: “Pedimos informes a las actuales autoridades nacionales y en base a eso y a otros elementos que pudimos colectar hicimos la denuncia ayer”. LA NACION había anticipado esta semana que en el relevamiento que encara el Gobierno ya se había detectado que 80% de las pensiones no deberían haber sido otorgadas.

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